Publicado el 20/05/2025 por Administrador
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El gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, ha aprobado una polémica Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% a los fondos internacionales destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta medida, calificada por críticos como un ataque directo a la sociedad civil, ha desatado una ola de preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Con el respaldo de 57 diputados afines al oficialismo, la Asamblea Legislativa dio luz verde a una legislación que obliga a las ONG que reciben financiamiento extranjero a registrarse oficialmente como “agentes extranjeros”, sujetándose además a un gravamen fiscal que podría comprometer su sostenibilidad operativa.
Según el discurso oficial, el objetivo de la ley es “garantizar la transparencia y soberanía”, limitando la injerencia de intereses foráneos. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y analistas políticos denuncian que se trata de una herramienta legal para perseguir, censurar y obstaculizar a entidades que han denunciado abusos del gobierno salvadoreño.
Una de las críticas más graves es que el impuesto del 30% se aplicaría de forma discrecional, dejando en manos del Ejecutivo la decisión de qué organizaciones deben pagar. Esta ambigüedad ha sido interpretada como una amenaza directa a la independencia del tercer sector y una manera de castigar a las voces disidentes.
La aprobación de la ley ocurre en un contexto especialmente tenso. La reciente detención de la abogada Ruth López, directora jurídica de la ONG Cristosal, bajo cargos cuestionados de peculado, ha sido vista como un claro ejemplo del uso del aparato judicial para intimidar a quienes se atreven a cuestionar al régimen. Asimismo, varios periodistas del reconocido medio El Faro han abandonado el país ante el riesgo inminente de arresto.
Desde el exterior, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado la ley y la detención de defensores de derechos humanos, advirtiendo que El Salvador se está alineando con modelos autoritarios como los de Nicaragua o Rusia, donde leyes similares han servido para asfixiar a la sociedad civil.
La nueva normativa entrará en vigor ocho días después de su publicación oficial, marcando lo que muchos consideran un punto de no retorno en la relación entre el gobierno salvadoreño y las organizaciones sociales. Mientras tanto, las ONG evalúan rutas legales para defender su labor y continuar trabajando en uno de los climas más adversos para los derechos humanos en la región.
